Así lo
afirma Lea Giménez, Jefa de División de Innovación para Servir al Ciudadano
(ICS) del Sector de Instituciones para el Desarrollo del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID).
La experta
pone como ejemplo de la estrecha relación entre calidad institucional y calidad
del gasto es la seguridad ciudadana.
“En América
Latina y el Caribe, el crimen nos cuesta cada año un 3.5% del PIB regional. Eso
es, aproximadamente, la misma cantidad que invertimos en infraestructura
esencial como carreteras, aeropuertos u hospitales. También es la mitad de lo
que gastamos en salud o educación”, afirma.
En la última
década, los países de la región han aumentado un 34% su gasto en seguridad.
“Pero la aguja del crimen no se ha movido. Es más, en los países donde más
esfuerzo fiscal se registró entre 2010-2012, solo unos pocos tuvieron un éxito
proporcional en la reducción del crimen y la inseguridad. En la mayoría de los
casos, el crimen aumentó”.
Cinco claves
para instituciones sólidas
La experta
del BID explica que la coordinación es un punto fundamental. “Más coordinación
equivale a más eficacia. Los desafíos en seguridad hunden sus raíces en
problemas multidimensionales (sociales, económicos, educativos, urbanísticos,
etc.)”, por lo que una política de seguridad efectiva requiere la coordinación
de muchos actores institucionales: policía, centros penitenciarios, tribunales,
escuelas, centros de salud.
“Una
herramienta interesante que se está empezando a implementar en algunos países
son los delivery units (unidades de gestión estratégica), que permiten eliminar
silos y favorecen la implementación de políticas públicas transversales”,
afirma.
Otro punto
clave es lograr una cultura (y un sistema tecnológico) que permita compartir
información: “Es fundamental promover plataformas de interoperabilidad que permitan
la colaboración entre todas las instituciones implicadas. En el sistema de
justicia criminal, por ejemplo, se ha demostrado que los juicios se resuelven
antes en lugares donde existen plataformas interoperables que vinculan de
manera instantánea los datos de los juzgados, policías y los sistemas
penitenciarios”.
La
transformación digital, por otra parte, es “un abanico de oportunidades”. Y es
que la tecnología y la innovación “están permitiendo alcanzar unos niveles de
precisión en la gestión que hasta hace poco eran inviables”.
Giménez
asegura que la “burocracia digital” ha permitido avances concretos en seguridad
ciudadana. “En una región donde la mitad de los crímenes no se reportan, las
nuevas comisarías virtuales están favoreciendo que las víctimas denuncien más”.
También habla de la digitalización de la justicia, que va desde la tramitación
digital de expedientes hasta la introducción de juicios virtuales.
“Sin duda”,
afirma, es un adelanto “que puede descongestionar las cárceles de la región, donde
el 44% de los presos está en prisión preventiva. Algunos países como
Chile, de hecho, han venido construyendo sistemas de justicia digital desde
hace varios años. Otros, como Perú y Colombia, han priorizado en sus agendas la
digitalización de sus sistemas de policiamiento”.
La cuarta
clave, según apunta Giménez, son datos de calidad, que ella considera como “la
gasolina de las políticas públicas basadas en evidencia”.
Pero si bien
la revolución digital ha puesto a disposición de los gobiernos un volumen de
datos sin precedentes, y aunque la información y la tecnología ya existen, las
instituciones públicas no siempre tienen la capacidad de analizar los datos e
incorporar las conclusiones en la toma de decisiones públicas.
“En materia
de seguridad, por ejemplo, cada vez son más los cuerpos policiales que están
usando los datos masivos para entender cuáles son los ‘puntos calientes’ del
delito y, en base a eso, asignar las dotaciones policiales de manera más
estratégica”, agrega.
Finalmente,
la experta enfatiza que el recurso humano sigue siendo el elemento más
importante: “Por muy bien diseñada que esté una política pública, gran parte
del éxito reside en que exista en las instituciones el talento humano adecuado
para implementarla y llevarla a buen puerto”.
En el caso
de la seguridad ciudadana, Giménez piensa que “la incorporación, la formación y
la retención de policías es esencial”, y pone el ejemplo de Honduras como un
caso ilustrativo, ya que el país “invirtió en equipamiento tecnológico,
profesionalizó las fuerzas de seguridad y adoptó una filosofía comunitaria, e
impulsó la inclusión de un mayor número de mujeres en la policía. En cinco años
la tasa de homicidios bajó a la mitad”.
Desafíos y
avances
Reducir la
alta tasa de criminalidad es uno de los grandes desafíos urgentes, ya que se
considera que Latinoamérica es una de las regiones más violentas del mundo (la
más violenta según Giménez), donde además muchos de los delitos “nunca se
resuelven”. En el 2016 se registraron 24 condenas por cada 100 víctimas,
comparado con las 78 en Europa, según datos de la experta.
Para abordar
estos desafíos, los países necesitan “gastar mejor”, y para eso es necesario
“contar con instituciones sólidas y planes estratégicos que marquen una hoja de
ruta clara. La buena noticia es que muchos países están haciendo importantes
esfuerzos en modernizar sus estructuras. Y eso, sin duda, es un avance
alentador”.
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